Cinco millones de razones para tomarse en serio la publicidad de criptoactivos

La reciente multa de cinco millones de euros impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a X (sí, X, y no tengo claro cuántos años más seguiremos añadiendo “la antigua Twitter”), no es un episodio aislado ni un gesto puntual del supervisor. Es, más bien, la consecuencia lógica de un proceso que lleva años gestándose: la progresiva aproximación de las plataformas digitales al perímetro de responsabilidad del sector financiero, especialmente cuando se convierten en vehículos para la difusión de fraudes, estafas o publicidad opaca sobre criptoactivos. Lo relevante de esta sanción no es su importe (pese a tratarse de una de las mayores de la historia de la CNMV), sino el mensaje que transmite: la era del “yo solo soy un intermediario neutral” se ha terminado.

El expediente sancionador detalla que X no comprobó si Quantum AI, una de las entidades anunciadas en su plataforma, estaba autorizada para prestar servicios de inversión ni si figuraba en la lista de entidades no autorizadas por la propia CNMV, también conocida como Lista de Chiringuitos Financieros (una de esas listas en la que es mejor no estar). Y que no lo hizo, además, tras un requerimiento formal del supervisor. Por lo visto, la plataforma permitió campañas de un actor no autorizado, sujeto a múltiples advertencias, que empleaba incluso la imagen de personajes públicos para dotar de credibilidad a una supuesta aplicación de inversiones que prometían rentabilidades improbables. Nada nuevo en el universo de los chiringuitos financieros, salvo un matiz importante: esta vez, el foco del supervisor ya no está solo en quien se promociona, sino en quien le da altavoz.

Este movimiento encaja con lo que ya anticipaba en este mismo blog en 2020 y 2021: cada vez que un mercado se llena de prácticas opacas, el regulador acaba reaccionando, y el péndulo suele pasarse al otro lado de forma brusca. Entonces lo veíamos con la publicidad de wallets no autorizados, con ICOs improvisadas, con plataformas opacas o con la escalada de supuestas inversiones milagrosas que acababan en querellas, pérdidas y titulares. Hoy la reacción es más amplia, más directa y más orientada a proteger al pequeño inversor en un entorno donde la línea entre publicidad y captación fraudulenta se vuelve peligrosamente fina.

Las plataformas digitales han asumido durante años que no estaban sometidas al mismo nivel de escrutinio que los actores financieros tradicionales. No ofrecían servicios de inversión; simplemente mostraban publicidad ajena. Pero la CNMV ha dejado claro que ese planteamiento ya no basta. Cuando una plataforma amplifica promesas que rayan la estafa, facilita el acceso a operadores no autorizados y desoye requerimientos formales, no puede escudarse en la neutralidad técnica. No en un mercado donde los fraudes en línea baten récords, donde los usuarios confían en la reputación de la plataforma más que en la de los anunciantes, y donde las estafas se mimetizan con noticias reales mediante el uso de personajes públicos, logotipos de medios y técnicas cada vez más sofisticadas.

En esa lógica, la multa a X es coherente con la tendencia regulatoria europea: responsabilizar a quienes ostentan poder real sobre la difusión del mensaje. El Reglamento MiCA, la futura reforma de la Ley del Mercado de Valores, las normas sobre publicidad financiera o incluso el nuevo marco de diligencias reforzadas para proveedores de servicios digitales apuntan en la misma dirección: la supervisión ya no se limita al origen del criptoactivo o del servicio financiero, sino también al canal que lo promueve. Y es difícil discutir la necesidad de este enfoque cuando las cifras de fraude financiero online crecen a doble dígito y buena parte de esos engaños se propaga precisamente a través de plataformas globales cuyo negocio depende de la publicidad.

Lo llamativo es que la situación se parece mucho a la que describía en aquellos artículos: un ecosistema que avanza más rápido que las normas, usuarios atraídos por la promesa de beneficios fáciles, operadores sin licencia actuando desde jurisdicciones exóticas, y una percepción de impunidad que se alimenta del anonimato tecnológico. La diferencia está en que ahora las autoridades tienen más herramientas para intervenir y menos paciencia ante la inacción de intermediarios clave. Y si antes el mensaje era que “nadie regala duros a cuatro pesetas”, hoy habría que añadir que tampoco debería regalarlos una plataforma que monetiza cada clic sin verificar quién está detrás.

Cierro con una idea que enlaza bien con aquella reflexión de 2021: los mercados solo funcionan cuando hay confianza. Cuando esta se erosiona, la respuesta suele ser más regulación, más sanciones y más controles. Esta multa es un recordatorio de que la transparencia y la diligencia no son un deseo del regulador, sino un requisito para sostener un entorno donde la innovación financiera pueda convivir con la protección del inversor en criptomonedas o en productos financieros convencioanles. Y también, por qué no decirlo, de que los chiringuitos financieros siguen ahí fuera… y de que el verdadero progreso será cuando no necesitemos recordarlo cada cierto tiempo.