Con motivo del Día Europeo de la Protección de Datos, BNP Paribas organiza, el martes 25 de enero una mesa redonda denominada «Retos en materia de protección de datos para el año 2022», donde participará nuestro compañero Marcos Judel, como presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) y socio de Audens.
Con motivo de la sanción que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso a una empresa, en la que consideró insuficientes todas las medidas de seguridad implementadas, porque el resultado había derivado en una brecha; Confilegal ha contado con nuestro compañero Leandro Núñez para que muestre su opinión al respecto. «El problema es que, en ocasiones, tanto los tribunales como la AEPD interpretan el ‘principio de culpabilidad’ de forma muy restrictiva, hasta el punto de que casi nunca consideran que una empresa ha sido diligente, por muchos esfuerzos que haya realizado”, apunta.
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El Confidencial ha publicado un artículo en el que se hace un análisis de la tensión entre operadores y plataformas de Internet, en relación a las inversiones necesarias para desplegar las redes de telecomunicaciones. Nuestro compañero Leandro Núñez ha opinado al respecto, explicando que la solución más deseable debería pasar por la colaboración entre empresas de ambos sectores, pues sus servicios son complementarios y el éxito de unos afecta positivamente a los otros.
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El 14 de diciembre se celebrará, en Madrid, el IV Congreso de Privacidad del Club DPD de la Asociación Española para la Calidad (AEC), donde nuestro compañero Leandro Núñez participará en una mesa redonda denominada: «Las Transferencias internacionales después de un año de muchos cambios»
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Ante el proyecto de nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que prevé obligar a ciertas plataformas de «streaming» a incluir contenidos en las lenguas cooficiales en su catálago, Maitane Valdecantos ha opinado para El Confidencial: «Independientemente de la opinión que a cada uno le merezca esta cuestión, la posibilidad de obligar a los prestadores de servicios audiovisuales a la carta a ofrecer en su catálogo un porcentaje de obras en alguna de las lenguas cooficiales de nuestro país, tiene encaje en nuestro ordenamiento jurídico», argumenta.
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