La apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea contra España por el registro de viajeros impulsado por el Ministerio del Interior ha reavivado el debate sobre la proporcionalidad de esta obligación y sus efectos prácticos para el sector turístico. Nuestro socio Leandro Núñez explica que Bruselas está cuestionando precisamente los aspectos que más controversia habían generado desde la aprobación de la norma: el volumen de datos exigidos, la amplitud de las finalidades que justifican su tratamiento y el período de conservación de la información en una base de datos centralizada. Asimismo, advierte de la inseguridad jurídica que puede producirse cuando miles de empresas han realizado importantes inversiones para adaptarse a un sistema cuya compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea se encuentra ahora bajo examen.
Foto: Maksym Kaharlytskyi (via Unsplash)
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