La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por el sistema de registro de viajeros regulado en el Real Decreto 933/2021, al considerar que podría incumplir la normativa europea sobre protección de datos en el ámbito penal. Nuestro socio Leandro Núñez opina sobre las objeciones planteadas por Bruselas, centradas en la amplitud de los datos recabados, la falta de concreción de las finalidades que justificarían su acceso por parte de las autoridades y el excesivo plazo de conservación de la información. También recuerda que el modelo actual supuso un importante esfuerzo de adaptación para el sector turístico y advierte de los riesgos asociados a la centralización de grandes volúmenes de datos personales, especialmente desde la perspectiva del riesgo para los derechos y libertades de las personas.
Foto: Christian Lendl (via Unsplash)
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