El Margen de la Ley :: El Blog de Audens
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Criminales

Hoy, 20 de noviembre, es el Día Universal del Niño, instituido con la intención de reafirmar los derechos de la niñez en todo el planeta. Aprovechando esta fecha, el bloguero Nacho de la Fuente lanza la III Cibercampaña contra la Pornografía Infantil, a la que desde aquí os animamos a uniros. ¿La idea? Dificultar la labor a aquellos depravados que pretendan utilizar buscadores como Google para saciar sus repugnantes inclinaciones, posicionando blogs como este cuando realicen búsquedas como “angels”, “lolitas”, “boylover”, “preteens”, “girllover”, “childlover”, “pedoboy”, “boyboy”, “fetishboy” o “feet boy”.

Si estos malnacidos llegan aquí, han de saber que el próximo 23 de diciembre entrará en vigor la reciente reforma del Código Penal, que entre otras modificaciones endurece las penas en lo que al delito de pornografía infantil se refiere. El legislador, con buen criterio, ha decidido que quien cometa estas execrables conductas merece un castigo superior al establecido hasta ahora, y ha introducido además algunos retoques en el articulado para que abarque ciertas situaciones que hasta ahora dejaban lugar a dudas. He aquí los cambios introducidos:

Artículo 189

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatrocinco años:

a) El que captare o utilizare a menores de edad o a incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas.

b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido.

2. El que para su propio uso posea material pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizado menores de edad o incapaces, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años.

3. Serán castigados con la pena de prisión de cuatrocinco a ochonueve años los que realicen los actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando se utilicen a niños menores de 13 años.

b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.

c) Cuando los hechos revistan especial gravedad atendiendo al valor económico del material pornográfico.

d) Cuando el material pornográfico represente a niños o a incapaces que son víctimas de violencia física o sexual.

e) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.

f) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o cualquier otra persona encargada, de hecho o de derecho, del menor o incapaz.

Condenas que, pese a verse incrementadas, siguen quedándose cortas cuando hablamos de tamañas atrocidades.

Aún aprendo

Dicen las malas lenguas que los economistas son los mayores expertos en predecir el pasado. Algo similar se podría decir del Derecho: irremediablemente, las leyes van siempre un paso por detrás de la realidad social. Y esto suele afectar, por ósmosis, a la idea que se tiene de los abogados y las nuevas tecnologías: una imagen parecida a la de un pulpo en un garaje.

Además de por sus magníficas sesiones (destacamos la plenaria de Guy Kawasaky, disponible en inglés y en español), ha sido estimulante comprobar en los habituales “corrillos” de FICOD que un gran porcentaje de los abogados dedicados al derecho tecnológico tienen (tenemos) muy presente la necesidad de ir un paso por delante de la evolución de la técnica, para ofrecer así una protección adecuada a nuestros clientes.

Ahora bien, este cambio de mentalidad no debe limitarse a un puñado de letrados. Los cambios son tan veloces que la evolución se hace imprescindible entre todos los que participamos, de una u otra forma, en el mundillo jurídico. Por supuesto, es de agradecer que la Administración se modernice mediante herramientas y procesos que permitan agilizar el acceso a la Justicia por el ciudadano, y que la judicatura se esfuerce en comprender mejor la Era de la Información. Pero de poco o nada servirá si todos los agentes involucrados no se empapan de esta modernización.

Desde el procurador que mantiene un sistema de envío de documentación en formato digital y un repositorio online para acceso de los abogados con los que colabora, hasta el notario que maneja suficientemente las herramientas informáticas como para controlar la protocolización de un servicio web de venta online, o la elevación a público con garantía probatoria suficiente de un mensaje SMS, son cientos los ejemplos en los que esta adaptación a las nuevas tecnologías redunda en una mejora del servicio, y en definitiva en una mayor eficacia de la Justicia. Basta algo tan simple como ponerse al día.

Goya expresó perfectamente en su dibujo “Aún aprendo” aquello que ya desde Sócrates (del que cuenta la leyenda que se empeñó en aprender una melodía de flauta en la cárcel, el mismo día de su ejecución, por el mero placer de aprenderla) se nos viene repitiendo, aunque a veces lo olvidemos: dan igual los conocimientos que atesoremos o los años de experiencia en nuestra respectiva profesión. Sin constancia, sin evolucionar y aprender al ritmo de los tiempos, poco bien estaremos haciendo a nuestros clientes, a nuestros compañeros… y a la sociedad en general.

Activos de software

Piratería… Si preguntamos a cualquier directivo de la industria del software, con toda probabilidad asociará esta palabra con pérdidas económicas y reducción de empleo. Pero, ¿ha sido siempre así? La experiencia nos demuestra que no: una de las claves del éxito de una determinada aplicación es contar con una base de usuarios lo más amplia posible, convertirse en un estándar de facto. Y la forma más rápida de conseguirlo es manteniendo una posición tibia y tolerante en lo que a la piratería se refiere. Así lo han hecho en el pasado algunas de las más grandes compañías del sector, y así lo siguen haciendo muchas otras en la actualidad.

Parece un buen plan, ¿verdad? Positivo para la industria, que consigue introducirse en el mercado, ganar cuota y generar usuarios… y positivo para los clientes, que consiguen (recurriendo a la picaresca) un producto de calidad con una inversión mínima, en ocasiones incluso nula. Sin embargo, y como suele ocurrir, no es oro todo lo que reluce. Llega un momento en el que los desarrolladores buscan recuperar su inversión, y es entonces cuando la cosa se complica. Las versiones de prueba que nunca caducaban dejan de funcionar. Las actualizaciones a través de Internet no pueden instalarse. O directamente, aparece en nuestro buzón una carta de la empresa de turno invitándonos a “regularizar” nuestras muchas licencias piratas.

Una política como la descrita provoca, antes o después, serios quebraderos de cabeza para todo el mercado:

  • Para el cliente, que termina por depender de un software determinado, y cuando se ve en la necesidad de desembolsar un dineral para seguir usándolo se encuentra con un triple dilema: o pagar, o afrontar una reconversión total de sus sistemas, o mantenerse en la ilegalidad asumiendo las posibles consecuencias legales;
  • Para el fabricante, que ante los escandalosos porcentajes de piratería se ve obligado a lanzar costosas campañas jurídicas y publicitarias, que a menudo criminalizan a los clientes;
  • Y para todo el sector, con las consiguientes demandas multimillonarias por vulneración de la competencia.

Resulta obvio que ganar cuota de mercado es imprescindible para la industria del software, y que ahorrar costes lo es también para los clientes. Ahora bien, es igualmente imprescindible que las prácticas llevadas a cabo para conseguirlo no se limiten al corto plazo, y que se planifiquen con la suficiente base jurídica para permitir a desarrolladores y clientes saber a qué atenerse, ahora y en el futuro. Evitar sorpresas, sin conformarnos con el “seguro que no se enteran” o el “tranquilo, que no te vamos a decir nada”.

Como casi siempre, la mejor opción pasa por un asesoramiento previo a la toma de este tipo de decisiones, tanto para proveedores como para clientes. Solo así podremos defender que la opción elegida era realmente la más adecuada… y no sólo la que más dinero reportaba (o menos consumía) a final de mes.

Olvídenme

Es de sobra conocido que, desde hace meses, Bruselas está trabajando en renovar el marco comunitario de la protección de datos. Ya lo anunció en una conferencia de alto nivel celebrada en mayo de 2009, y ahora nos lo recuerda a través de una Comunicación titulada “Un enfoque global a la protección de datos personales en la Unión Europea“. Entre las muchas e interesantes reflexiones incluidas en este documento nos permitimos destacar una, muy relacionada con otro tema que tratábamos hace unos días: la propuesta de clarificación del llamado “derecho al olvido”.

Al contrario de lo que afirman muchos medios de comunicación, el derecho al olvido no es algo nuevo. La jurisprudencia norteamericana lo reconoce desde 1931, y en nuestra legislación figura en el artículo 4.5 de la LOPD: “Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados”. El problema, como afirma la Comunicación de la Unión Europea, es que en Internet, y en especial en las redes sociales, es especialmente complicado “que los individuos puedan ejercer un control efectivo sobre los datos que les conciernen”. De hecho, la propia Agencia Española de Protección de Datos advierte en su web que “al dar de baja un perfil, y a pesar de haber cancelado la cuenta, cierta información puede seguir publicada en los perfiles de tus contactos de la red social”. De ahí que Bruselas se esté planteando reforzar este derecho.

A diferencia del “derecho de cancelación”, reservado para suprimir aquellos datos que resulten ser “inadecuados o excesivos”, el derecho al olvido se acerca más a la denominada “revocación del consentimiento”. Un matiz importante, porque la filosofía detrás de esta figura es completamente distinta: dado que nuestros datos personales nos pertenecen, podemos decidir en cualquier momento que no queremos que una empresa los siga tratando. Aunque no sean excesivos. Y sin más explicaciones.

Mientras que la Directiva de Protección de Datos ni menciona esta figura, en España está ya concretada en el artículo 17 del Reglamento de Desarrollo de la LOPD. Para ahorrarles la lectura, básicamente se regula que los ciudadanos tendremos la posibilidad de revocar nuestro consentimiento de forma sencilla y gratuita, y que las empresas tienen un plazo de diez días para atender nuestra petición. El problema es cómo hacer realidad esta facultad en Internet, donde las empresas se escudan en dificultades técnicas… o directamente se acogen a jurisdicciones extranjeras para no tener que cumplir con las estrictas normas comunitarias de privacidad. Veremos cómo solventa este dilema la Comisión Europea.

Datos por tomates

La noticia saltaba hace unos días en The Wall Street Journal, que alertaba de que, al parecer, algunas de las aplicaciones más populares de la red social Facebook compartían la información de sus usuarios con compañías del sector publicitario. Sólo unos días más tarde, el mismo rotativo desvelaba idénticas vulnerabilidades en MySpace, su principal competidor fuera de nuestras fronteras. Un escándalo de proporciones espectaculares, teniendo en cuenta que ambos servicios suman cerca de mil millones de usuarios en todo el mundo.

Por resumir el asunto en pocas palabras, mientras los usuarios pasaban el rato plantando lechugas, contestando tests o echando unas manos de póker, los desarrolladores de estas aplicaciones accedían a datos personales como su nombre completo o los de sus amigos, y los transmitían a sus anunciantes. En ocasiones, incluso de forma inconsciente. Y ello, por supuesto, sin conocimiento alguno por el usuario.

Básicamente, las aplicaciones son programas que añaden funcionalidades a una red social: juegos, servicios, bromas… El problema es que rara vez forman parte de dichas redes: suelen ser desarolladas por empresas externas, que mantienen el control en todo momento sobre su funcionamiento, y deciden a qué datos del usuario necesitan acceder. El Grupo del Artículo 29, que agrupa a las agencias de protección de datos de la Unión Europea, mostró ya su preocupación por este asunto en 2009, afirmando que los creadores de aplicaciones pueden ser considerados “responsables del tratamiento” si tratan datos personales de los usuarios, con lo que se les podría aplicar la estricta normativa europea de protección de datos. Posición nuy similar, todo sea dicho, a la recogida en la recientemente publicada obra “Derecho y redes sociales” , que desde aquí recomendamos.

Es evidente que, a día de hoy, contar con datos personales de clientes y usuarios es un activo fundamental para cualquier empresa, en especial en el ámbito de Internet. Ahora bien, a menudo no se tiene en cuenta la responsabilidad que ello conlleva cuando se desarrollan programas, se diseñan nuevas técnicas publicitarias, o se elige la plataforma desde la que ofrecer servicios. Al respecto, algunos consejos útiles pasan por tratar únicamente los datos imprescindibles para el funcionamiento del servicio, ofrecer información completa a los usuarios y facilitarles el control de sus datos personales. Medidas de seguridad, aparte.

Las responsabilidades derivadas de ignorar estos requisitos son muchas, y los riesgos, enormes: desde las elevadas sanciones al igualmente relevante daño reputacional. Máxime en una época como la actual, en la que los medios de comunicación parecen empeñados en publicar noticias apocalípticas sobre Internet y las redes sociales. Por lo de pronto, la Agencia Española de Protección de Datos está investigando a Facebook, lo que ha merecido una amplia cobertura tanto en prensa escrita, como en radio y televisión. Un precio muy elevado por permitir que sus usarios planten “cibertomates”, ¿no creen?

Actualización (02.11.2010)
El Mundo: Facebook penaliza a los desarrolladores que vendieron datos de usuarios.

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