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Fuga de Patentes

Durante años se ha venido utilizando la expresión “fuga de cerebros” para hacer referencia a la emigración (normalmente forzada por circunstancias económico-sociales) de individuos formados en un país al extranjero, y normalmente se asocia esta circunstancia a un grave perjuicio para el estado que la sufre, ya que ve como muchos de sus recursos más preciados, los profesionales más valiosos, acaban siendo rentables en otros países.

Sin meternos a analizar las causas y consecuencias de esta situación (que darían, y de hecho dan, para varios libros), vamos hoy a poner el punto de mira en otra fuga no menos importante para la economía en general, y para el sector científico tecnológico en particular: la fuga de patentes.

El último informe de la OEPM refleja una situación nueva, el notable decrecimiento del número de patentes solicitadas en España, que venían experimentando un crecimiento lento pero constante en los últimos 8 años. Han descendido un 25%, casi mil solicitudes de patentes menos. ¿Por qué? Hay dos motivos principales: por un lado la inevitable referencia a la crisis económica, que ha limitado la inversión empresarial; pero por el otro, y tal vez el más importante, la arraigada creencia de que es mejor para el inventor solicitar su patente en Estados Unidos. Pero ¿es realmente mejor? Hemos de aclarar que la legislación en materia de patentes es bastante homogénea a nivel mundial, pero en todo caso, comparemos el sistema norteamericano y el español desde el primer momento:

  • Obligatoriedad: en el caso español, la Ley de Patentes obliga a presentar inicialmente en España las invenciones realizadas por residentes en España y que han tenido lugar en este país (sobre todo en caso de interés por motivos de Defensa nacional)
  • Periodo de gracia: en España el “invento” no puede ser de conocimiento público antes de la solicitud. Sin embargo en Estados Unidos se concede un año de gracia desde que se dio a conocer el producto, se publicó o comunicó la idea… o de cualquier forma se puso en conocimiento general la invención.
  • Objeto de patente: la legislación americana permite patentar “cualquier proceso, máquina producto o composición de materia útil y nuevo, y cualquier mejora nueva y útil sobre los mismos” excluyendo las invenciones cuya única utilidad sea la fabricación de material nuclear. Tiene por tanto los requisitos de novedad y utilidad, al que añade el requisito de no ser evidente. Todas estas exigencias son compartidas por la Ley de Patentes española, pero esta última exige además que la invención resuelva un problema técnico de forma no obvia, excluyendo así la posibilidad de patentar invenciones de carácter económico-teórico, y no aceptando soluciones que no conlleven un mínimo proceso y esfuerzo inventivo en su desarrollo.
  • Método vs mejor método: en Estados Unidos se exige al inventor que registre el mejor de los métodos y modos posibles para desarrollar su invención, sin poder mantener en secreto ninguna mejora o “truco” para su beneficio. La situación es diferente en España, donde basta con mencionar uno de los métodos por los que es posible llevar a cabo la invención, sin que tenga que ser necesariamente el más eficaz.
  • Derecho de prioridad y publicación: es idéntico en ambas legislaciones, otorgando un plazo de 12 meses para presentar la solicitud de la patente en otros países, conservando en éstos prioridad de la fecha de presentación inicial en origen. Ello permite que en ese tiempo se pueda presentar una solicitud internacional PCT (Patent Cooperation Treaty, patente internacional) que añade 18 meses más en los más de 140 países firmantes del Tratado.
  • Flexibilidad de procedimiento: excesivamente riguroso en la OEPM, impide la modificación de la memoria planteada ab initio durante todo el proceso de Registro, con los problemas que ello implica al no poder adaptar en nada el propio solicitante su memoria en caso de que detecte que algún cambio es imprescindible. Del mismo modo, el más mínimo cambio (véase como ejemplo un cambio de excipiente en una patente farmacéutica) permite registrar una patente nueva siendo en esencia igual a otra ya concedida. También el sistema americano es meticuloso, pero permite algo más de flexibilidad.
  • Registrador frente a inventor: a diferencia del sistema americano, prioritario para el primero que inventa (first-to-invent), el sistema español, al igual que el del resto de países europeos, se rige por un sistema favorable para el primero que registra (first-to-file). De este modo, en España, quien registra su idea primero no tiene que demostrar nada más que la fecha en que solicitó el registro. Sin embargo, esto nos lleva a la picaresca de aquellos que soliciten registros de inventos ajenos, que resultarán de más difícil prueba por parte del inventor verdadero si se realizan en España que si se hace en Norteamérica, dónde ante dos solicitudes diferentes en el tiempo se estudia el proceso inventivo y cuantas pruebas se aporten para demostrar quién es el verdadero inventor. La certeza del Registro frente a la flexibilidad del Common Law.
  • Oposición frente a reexamen: el procedimiento de la OEPM conlleva un periodo de 9 meses posterior a la concesión de la patente en el que cualquier persona puede presentar oposición (argumentada y probada), abriendo así un proceso de oposición en el que la OEPM decidirá tras escuchar a las dos partes y sus argumentos. En Estados Unidos, sin embargo, no existe periodo de oposición: el procedimiento es denominado “reexamen”, y puede ser solicitado por cualquier persona durante todo el periodo de aplicabilidad de la Patente.
  • Protección jurídica tras la concesión: al registrar una patente en España, ésta queda sometida al ordenamiento jurídico español, que ofrece la posibilidad de perseguir las violaciones de Propiedad Industrial por vía civil y penal, a diferencia de Estados Unidos, donde únicamente son perseguibles civilmente. Sin embargo la poca eficiencia de nuestros juzgados y tribunales en la defensa de patentes resta eficiencia a este aspecto.
  • Y por último, Estados Unidos permite patentar software, mientras que en España, con carácter general y salvo contadísimas excepciones, esto no sería posible.

Si bien existen otros muchos aspectos a considerar, estas son las diferencias más sustanciales a valorar a la hora de decidir dónde presentar de forma inicial la solicitud de patente, que deben ser tenidas en cuenta basándonos en el ámbito de aplicación de la misma (que obviamente será el regional de cada una de las legislaciones) y, sobre todo, en la invención en sí misma, en sus cualidades y características, para escoger el procedimiento que sea más ventajoso. Puede parecer frustrante que, como siempre, cada opción sería mejor o peor según el caso, pero de otra forma nuestro trabajo sería mucho más aburrido, ¿no?.

PD: Saliéndome un poco del tema, mi apoyo firme y solidario desde aquí con tantos “cerebros” que han tenido que salir fuera para continuar con sus proyectos. El mundo avanza gracias a vosotros.

Cuestión de confianza

La confianza en Internet es un quebradero de cabeza para las empresas online. Y no tanto la confianza de la industria, que existe, sino la de sus potenciales clientes.

Los vendedores quieren más. Es lógico. Saben que el mercado es enorme, y los consumidores, millones…  cuentan incluso con información de primera mano sobre la percepción de sus productos en redes sociales, foros. Pero perciben miedo a comprarlo por Internet.

Seguimos sin creernos que la Red es segura. Y conste que no estoy diciendo que lo sea en toda su extensión. Pero como consumidor, me da mucho más miedo que el camarero se lleve mi tarjeta para realizar un pago sin estar yo presente que dar su número en una página web. Y es que, generalmente, resulta más sencillo recuperar el importe de una compra realizada a través de Internet que el derivado del pago con una tarjeta duplicada.

¿Y desde el punto de vista de las empresas? Si yo tuviera una tienda online, desde luego, estaría preocupado por tres cosas:

  • En primer lugar, por contar con un sistema de verificación de la identidad del usuario o consumidor real y eficaz, que pueda garantizar que el cliente es quien dice ser al comprar mi producto. Así me libraría de quebraderos de cabeza derivados del llamado repudio: devoluciones, reclamaciones, problemas por venta de determinados productos a menores de edad que se hacían pasar por adultos, tratamiento de datos personales incorrectos… Es cierto que existe la llamada firma electrónica reconocida, técnicamente muy eficiente. Sin embargo, en la práctica su uso es marginal: basta comprobar las estadísticas de utilización del DNI electrónico. Lo ideal sería contar con un sistema global y flexible, adaptable a múltiples legislaciones, ya que Internet no conoce fronteras. Universal, y compatible para su uso en todo tipo de páginas y aplicaciones. Y por su puesto, técnicamente sólido y, al mismo tiempo, de fácil uso.
  • En segundo lugar, y mientras lo anterior no se termina de cocinar, trataría buscar sistemas alternativos de no repudio: no les quepa duda de que existen, y si bien no son absolutamente eficaces, su implementación puede resultar extremadamente útil para demostrar una debida diligencia ante, por ejemplo, las compañías con las que hayamos asegurado estos menesteres. Y paralelamente, trataría que la mujer del César también pareciera honrada, pues de momento, será la única forma de potenciar la confianza de los consumidores.
  • En tercer lugar, por contar con un buen modelo de negocio no anclado en el pasado, vendiendo paquetitos y nada más. El usuario de Internet busca valores añadidos: para comprar una caja con determinado contenido ya voy a la tienda. Hay que ofrecer mayores ventajas. ¿Ideas?

Al final todo se reduce a tres cosas: la confianza que tienen los consumidores o usuarios en mi producto/servicio, su confianza en el sistema de compra y mi confianza en mi modelo de negocio. ¿Cuál creen que es la más importante?

Miguitas de pan

Navidad. Época de viajes, compras, cenas, reuniones familiares… Y época para contar todas estas novedades a todo el mundo, cada vez con más frecuencia, mediante redes sociales y otros sistemas online.

La reciente incorporación de “Places”(de Facebook)  se une a  Foursquare, Gowalla, Tweetsii y tantas otras como sistemas de geolocalización que permiten al usuario dar el salto de “qué estoy haciendo” a “dónde estoy”. Es evidente el éxito en la red de estas redes y aplicaciones, de modo que resulta conveniente recordar ciertos aspectos que hemos de tener en cuenta al utilizarlas.

En primer lugar, y pese a ser evidente, debemos subrayar que la geolocalización es precisamente eso, un medio de anunciar el punto exacto del planeta “donde se encuentra el usuario”. Pero al mismo tiempo anuncia, por descarte, “donde NO se encuentra el usuario”. Pongamos el caso de un usuario que, día tras día, posiciona los siguientes mensajes: 08:00-Saliendo de casa; 08:15 dejando a los niños en la parada del autobus; 08:45 en la oficina; 11:30 Hora del café; (…) 14:30 comiendo en Restaurante Buenísimo; 18:30 recogiendo a los niños para ir al teatro con Mamá;…. Y así durante todo el día, pero con las coordenadas exactas de ubicación de estos lugares… todos los días.

A estas alturas el lector ya será consciente del valor de toda esa información oculta pero evidente. Cualquier persona podría saber: que en todo el día no ha pasado por casa, presumiblemente vacía; que lleva dinero en efectivo encima; que no se desprende del terminal móvil de última generación o del iPad (según de dónde venga el mensaje); cuándo están sus hijos solos; que tiene coche; que probablemente saque dinero en un cajero cercano a alguno de los establecimientos donde ha parado… y actuar en consecuencia si pretende por ejemplo, atracarle, robar en su casa…

Obviamente se trata de casos extremos, y no es nuestra intención alarmar a ningún usuario, pues los sistemas de geolocalización pueden ser utilizados sin excesivo riesgo siempre y cuando tengamos en cuenta algunas premisas básicas, para nosotros y para los más pequeños de la casa (que cada vez los usan más):

  • Los límites son necesarios: es recomendable ocultar la localización de algunos puntos especialmente sensibles de nuestra vida: trabajo habitual, residencia, escuela de los hijos…
  • Importancia de la visibilidad: estas redes y servicios cuentan con medidas de privacidad que podemos ajustar a nuestro gusto. Es importante leerlas y personalizarlas, de forma que solo quién nosotros queremos pueda acceder a esa información.
  • No a lo cotidiano: no facilitemos las cosas. No contar nuestra rutina diaria dificulta la aparición de “amigos de lo ajeno” que quieran usar esa información en nuestra contra.

Estas advertencias exigen cuidado y responsabilidad para los proveedores de servicios de geolocalización, no solo para los grandes desarrolladores sino también para aquellos que utilizan estos servicios para promocionar su negocio (pensemos en clubs online, grupos de fans, sistemas de clientes preferentes para tiendas y locales, páginas de valoración y crítica de establecimientos…). Deben respetar, mantener e informar a sus usuarios de las medidas de seguridad y privacidad que tengan implementadas (para lo que deben contar con una asesoría técnica y jurídica especializada) así como ofrecer claramente consejos de utilización para que estos usuarios puedan disfrutar sin riesgos de la experiencia de compartir su vida con quienes ellos deseen.

En resumen, compartir sí, pero los rastros de migas de pan mejor evitarlos, que podemos mezclar cuentos y que nos siga el lobo a casa de la abuelita. Busquemos el final feliz… ¡que es Navidad!

Contraproducente e-administración

Esta semana permítanme que ejercite en estas líneas el que considero uno de los derechos más fundamentales: el derecho a pataleta. Estoy  realmente indignado con los servicios telemáticos de varias Administraciones Públicas.

La e-Adminstración desde luego, es una cosa buena. La Comisón Europea aboga por su plena implementación en los Estados miembros, y en España contamos con la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que en su exposición de motivos exalta muchas de las ventajas de este modelo para el “funcionamiento interno de la Administración” así como para, al mismo tiempo, entender la misma como una ayuda insustituible para “favorecer la expansión de la cultura electrónica entre los trabajadores-ciudadanos“.

Como todos sabemos a estas alturas, la e-administración se basa en la incorporación de sistemas tecnológicos y de comunicaciones electrónicas para cumplir con dos principios básicos: por un lado transformar las oficinas tradicionales en oficinas sin papel, permitiendo a la Administración una mejora organizativa y productiva. Y por otro, al simplificar trámites posibilitando efectuarlos electrónicamente e informatizando los procesos burocráticos, se acortan los plazos.

No obstante, de los dos principios anteriores, de la implementacion por parte de los Servicios Públicos de estos mecanismos tencológicos, cabría suponer la existencia de una consecuencia práctica: la aplicación de un elemento facilitador para el ciudadano, simplificando los trámites y mejorando, como se suele decir, nuestra experiencia de usuario: ahorrarnos tiempo, ofrecernos la comodidad de no tener que movernos del salón de casa, evitádonos desplazamientos, colas y (en ocasiones) la impertinencia de algún funcionario que no haya desayunado esa mañana All-Bran.

Todo esto está muy bien, la Ley 11/2007 se preocupa por las garantías legales, promoviendo un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad. Sin embargo, es verdaderamente lamentabe que no existan criterios técnicos únicos para llevar a cabo la tramitación online de cualquier asunto ante las diversas AAPP.

Esta semana he tenido que efectuar varios trámites ante tres distintas Administraciones Públicas: AEPD, OEPM y AEAT.

Resulta que para poder notificar a la Agencia Española de Protección de Datos ficheros a través del NOTA por Internet y con certificado digital, se requiere utilizar el Adobe Reader en su versión 7.0.8 para que funcione correctamente. Si se utiliza la versión 8.1 para presentar con firma electrónica, es una lotería… y olvídese de intentarlo con la versión X del programa.

También resulta que para poder solicitar registros de marcas telemáticamente através de la Oficina Virtual de la OEPM, algo que antes era sumamente sencillo a través de un formulario web, ahora hay que descargarse un .pdf, rellenarlo, enviarlo, esperar a que contesten si falta algún campo por rellenar (ni tan siquiera el formulario avisa de un campo pendiente de completar)… para que tras veinte minutos de espera, el sistema  informe sobre un error: sólo funciona con la versión 9.2 del Adobe Reader.

Y por cierto, ninguno de los dos modelos funciona correctamente en Mac, con lo que mi consternación es enorme.

Como contraste está la Sede Electrónica de Hacienda: no conozco un sistema telemático que funcione mejor… para lo bueno y para lo malo.

Como se imaginarán, la próxima vez que quiera realizar trámites con la Administración, con tal de ahorrarme cambiar de sistema operativo, desinstalar programas, descargar versiones antiguas, instalar, reinstalar y desesperarme con la enorme pérdida de tiempo, me pensaré si ir hasta la ventanilla correspondiente con la excusa de estirar las piernas y tomar un poco el aire, pero con la completa seguridad de que tocará desesperarme con las colas y el funcionario desganado de turno. Tanto monta

Fotos No

Comentábamos el otro día, entre amigos y amén del puente que acabamos de pasar, como a una conocida unos corpulentos vigilantes de seguridad le “pidieron amablemente” que borrase las fotografías que acababa de sacar con su cámara particular porque estaba prohibido hacer fotos.

Supongo que, al leer esto, el lector se situará en un contexto conocido: una obra de teatro, un museo, un edificio especialmente protegido por razones de seguridad…

Pues no, la fotógrafa estaba en plena calle madrileña, y el objeto de la fotografía era la fachada y escultura aledaña de un edificio de oficinas (eso sí, muy simbólico y muy alto cuyo nombre omitiré). Obviamente, la “infractora” preguntó el motivo de la petición (mientras evitaba que le quitaran la cámara de las manos). Respuesta, literalmente: “el edificio es obra de su arquitecto y está protegido por la Ley de Marcas, señora, si saca fotos es un delito”. Y tan a gusto que se quedaron.

Pues bien, hablemos un poco del tema, porque no es la primera vez que recibo ecos de este tipo de acciones. Y hagámoslo partiendo de este supuesto, ya que otra cosa será en legislaciones foráneas, en edificios públicos especialmente protegidos por motivos de seguridad (aeropuertos, comisarías…) o en ámbitos privados (urbanizaciones, clínicas…), que luego se me sublevan los comentarios.

Sin más vueltas, me remito al artículo 35 de la Ley de Propiedad Intelectual y, como nuestra conocida no es periodista y no trata de informar, a su apartado 2: “Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales.”

Difícilmente puede el legislador ser más claro.

Cierta es la existencia de la Ley de Marcas y su posible aplicación sobre diseños arquitectónicos, y cierto es que fue aprobada con posterioridad a la Ley de Propiedad Intelectual, y que a leyes de igual rango, si dos cuerpos normativos regulan el mismo supuesto, la norma posterior deroga la anterior… pero (que hay un pero, para algo somos abogados) aquí no nos encontramos ante el mismo supuesto.

La Ley de Marcas otorga, previo registro, derechos exclusivos sobre el uso en el tráfico económico de determinados signos distintivos, en ámbitos acotados a ciertos productos o servicios. Por tanto, la legalidad de la fotografía en discordia dependerá directamente de dos factores:

  • De si se usa o no en el tráfico económico, es decir, con algún tipo de finalidad comercial; y
  • De si se usa como marca para un producto o servicio para el que el diseño del edificio esté registrado.

De este modo, podrá fotografiarse una fachada de un edificio (en nuestro contexto) siempre y cuando no se haga con un fin comercial, y de ser el caso, siempre y cuando no contravenga los derechos de marca debidamente registrados. Pero nada de esto tiene que ver con la reproducción del mismo, sea en foto, grabado a piedra, boceto o carboncillo si se realiza en el ámbito privado.

No olvidamos, por supuesto, que es imprescindible proteger adecuadamente tanto la propiedad industrial como la intelectual de los arquitectos y artistas, ya que difícilmente podrían realizar su trabajo sin este tipo de protección. Pero esto no debe conducir a convertirles en requisadores de cámaras y fotografías… encima sin amparo legal y causando un gran perjuicio, sobre todo, a su imagen pública.  Eso sin hablar de la falta de legitimidad de los encargados de seguridad para ello… máxime si amenazan a la fotógrafa con que su acción es delito. Algo que, si la memoria penal no me falla, tampoco se puede hacer.

En fin, que la próxima vez que un amable señor, con porra o sin ella, les nombre la Ley de Marcas en el contexto de que hablamos (no se encaren con un Guardia Civil en una casa cuartel, hagan el favor) … procedan a recitarle de mi parte (no hace fata de memoria, pueden sacar su edición de bolsillo de la LPI, que sé que la llevan a todas partes) el artículo 35.

Y a encuadrar bien la foto y mandarme copia.

Como trofeo.

 

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