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Así es una resolución de la Ley Sinde

Escribo esta entrada a “petición popular”, tras el pequeño revuelo que se montó hace unas semanas en mi cuenta de Twitter al informar que nos habían notificado el archivo de un procedimiento de la Ley Sinde… o “de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual“, que es como se llama oficialmente este polémico instrumento administrativo. Y digo revuelo, porque fueron muchos los compañeros que me pidieron que les enviase una copia de la resolución o que la publicase, dada la novedad del procedimiento… y que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual no es el órgano más transparente de la Administración, precisamente. Pues bien, estas líneas buscan precisamente ese objetivo: compartir la resolución y dar unas pinceladas sobre su contenido. Por supuesto, ¡cualquier aportación, vía comentarios, es más que bienvenida!

Lo primero que debo decir es que hemos disociado a fondo la resolución: ni fechas, ni identidad de las partes ni direcciones de ningún tipo. Y ello a pesar de que apenas contenía datos de personas físicas: permítanme pecar de prudente. Para facilitar la comprensión, que se hacía un tanto complicada, hemos sustituido la identidad de las partes por las expresiones [WEB DE ENLACES], [MEGASERVIDOR] y [HOSTING], los tres sujetos participantes en este procedimiento, aparte de la [ENTIDAD DE GESTIÓN] denunciante.

Si algo llama la atención de la resolución es que el procedimiento no se dirige contra la [WEB DE ENLACES], a pesar de que la denuncia había sido planteada contra ella. La Sección Segunda da un giro en la instrucción y sitúa la responsabilidad de la posible infracción en el [MEGASERVIDOR], una entidad ubicada fuera de la Unión Europea; a la vez que califica la actuación de la [WEB DE ENLACES] como de mero intermediario, de los del artículo 17 de la LSSI. ¿El motivo? Lo ignoro, pero quiero creer que detrás de esta poco ortodoxa decisión están las múltiples sentencias que, en nuestro país, han sostenido que un mero enlace no infringe la Ley de Propiedad Intelectual.

Como consecuencia de lo anterior, la Sección Segunda evita valorar la legalidad de los enlaces. Textualmente, la resolución, en su página 8, dice lo siguiente:

“…Tercero, no resulta objeto de este procedimiento la determinación de responsabilidad por parte del titular de la página [WEB DE ENLACES] por sus actividades de enlace, sino que es parte interesada del mismo meramente en su condición de prestador de servicios de intermediación…”

Se preguntarán: ¿qué interés tiene eximir de responsabilidad a la [WEB DE ENLACES]? Simple: si se encuentra responsable al [MEGASERVIDOR] de una infracción, y se notifica este hecho fehacientemente al sitio web, éste pasa a tener conocimiento efectivo de la ilegalidad del contenido enlazado, y por tanto una “obligación de actuación diligente para suprimir o inutilizar los enlaces correspondientes”. Ingenioso, ¿verdad?

Por lo demás, el procedimiento no tiene mucha ciencia: se archivó porque el [MEGASERVIDOR] decidió voluntariamente eliminar los archivos que, supuestamente, vulneraban derechos de propiedad intelectual de terceros. Algo que, como saben, propicia que se de por finalizado el expediente “sin más trámite“. No esperen, por tanto, grandes disquisiciones jurídicas en el texto del documento, que no tiene más valor que la de servir de simple ejemplo de resolución de la Ley Sinde. En todo caso, aquí lo tienen, ¡disfrútenlo!:

El peligroso juego del escondite

Una pequeña tienda de Llanes, Asturias (por buscar un emplazamiento precioso como suculento ejemplo para esta historia), en la que se venden quesos. Esta tienda recibe, un día, una comunicación de apertura de expediente sancionador por irregularidades e incumplimientos en su página web. Hasta aquí, es una historia que nos puede parecer normal, pero… el remitente de la comunicación, y del expediente (es decir, quién al final puede sancionar con una multa) es… ¡un órgano de otra Comunidad Autónoma! (Andaluza, Vasca, Castellana, Madrileña… elijan la que quieran).

La pregunta típica ante esto suele ser ¿pero cómo me va a iniciar un expediente sancionador la Comunidad Andaluza si yo soy una tiendecita que únicamente vende quesos en Llanes? Pues es posible porque nuestra pequeña tiendecita resulta tener una web en la que ofrece comprar sus quesos por Internet.

Como sabemos, cualquier negocio online realizado por prestadores establecidos en España ha de cumplir determinadas normas y requisitos mínimos, acorde a la legislación vigente (especialmente en lo que respecta a la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información, o LSSI).

Desde diciembre de 2007, la reforma de la LSSI, (la que fue denominada Ley de impulso a las sociedades de la información) nos ha llevado de un escenario en el que la potestad sancionadora por incumplimientos o cumplimientos defectuosos correspondía a la Administración General del Estado, a otro en el que también cualquier Comunidad Autónoma puede arrogarse tal potestad.

Aunque en ninguna ocasión se haya llegado a vender fuera de Llanes, la legislación de defensa a consumidores y usuarios otorga potestad sancionadora al órgano correspondiente de consumo de las Comunidades Autónomas donde se realiza la venta… y se entiende (vía LSSI) que la venta se realiza en el lugar de residencia del comprador. Ergo…

Para no ser excesivamente técnico, ¿qué significa esto? Pues que, independientemente de que una tienda online venda efectivamente sus servicios o productos en una o varias comunidades autónomas, cualquiera de ellas (además de la Administración Central) puede incoar un expediente sancionador en caso de que detecte cualquier irregularidad.

Últimamente (aunque, como decimos, esto es así desde 2007) parece haber saltado una alarma de “afán recaudatorio de las administraciones”. Se oyen cosas como que “han encontrado un filón en el pequeño empresario”, o que “esto va a ser una pelea entre las comunidades autónomas a ver quién sanciona más al de al lado”, etc. etc.

Si bien todos esos argumentos pueden tener un trasfondo de verdad (en el que no vamos a entrar), la cruda realidad es que el escenario no ha cambiado tanto.

Puede parecernos más o menos oportuna esta expansión de la potestad sancionadora, pero también es cierto que durante mucho, mucho tiempo, se ha venido haciendo la vista gorda a un incumplimiento bastante generalizado en el mundo online: información no suministrada, incumplimientos en materia de devoluciones, imposibilidad de identificación del titular de la web, envío de comunicaciones comerciales no deseadas (spam), condiciones de contratación abusivas…

Hasta ahora, esta dejadez en la exigencia de tales obligaciones se venía entendiendo como normal, pero, obviamente, cuando el hambre aprieta en forma de recortes, este “filón” de posibles sancionables, antes o después, no va a dejarse pasar. Seamos sinceros: las obligaciones son las mismas que antes. Y por más que ahora existan más órganos con potestad sancionadora, no pueden sancionarnos dos veces por el mismo incumplimiento.

El problema viene cuando el empresario, por mero desconocimiento, o aconsejado por asesores o amigos del trapicheo, juega al escondite con la Administración.

Cierto es que anteriormente este “falso juego del escondite” podía parecer ventajoso para algunos. Ante las decenas de miles de jugadores escondiéndose, únicamente unos pocos ojos buscaban. Es decir, la Administración se demostraba incapaz de encontrar y sancionar a todos los que incumplían las normas.

Pero, ¿qué pasa si de pronto metemos a más jugadores del lado de la Administración? ¿Que ocurre si juegan 17 más? ¿Y si, además, los fondos de estos 17 se ven muy reducidos por la crisis y tienen un fuerte estímulo para encontrar a los escondidos? Pues que los buscadores se motivan, las tornas del juego cambian y, ahora, a algunos no les apetece tanto jugar… porque el riesgo de que les pillen se ha multiplicado.

Esconderse para que nos pillen no ha sido nunca una buena idea: primero, porque como decimos nos pueden pillar (ahora más que antes), y segundo, porque si estás escondido para unos también lo estás para otros. Y normalmente tu negocio depende de que estos otros (los clientes) te vean y conozcan. ¿Cómo llegar a ellos si permaneces entre las sombras para evitar multas? Hablo por mí, pero recuerdo que cuando me tocaba jugar al escondite de pequeño me aburría como una ostra escondiéndome… lo único divertido era correr para salvar a tus compañeros, y eso, con la Administración, no vale.

A nadie le extraña que tengamos que solicitar licencias de apertura para la tienda de quesos, ni que se deban cumplir una medidas de higiene, dar de alta al dueño de la tienda en autónomos, cumplir horarios de apertura… Pero parece que, al pasar al mundo virtual, vemos las cosas de forma diferente.

Pues, miren, en este caso no. Es exactamente lo mismo. Nuestro querido empresario únicamente tiene que hacer lo mismo que tenía que hacer antes, cumplir. Y, de este modo, y dará igual cuantos ojos estén buscando a los escondidos, a los que incumplen, porque ése no será nuestro juego.

Mientras unos se arriesgan, se ocultan y se aburren sin llegar a sus clientes, el empresario que cumple puede dedicarse a brillar, a dejarse ver, a crecer y avanzar.

Y ese, seguro, es un juego mucho más divertido.

Otra lista negra

Client of interest

¿Conocen la serie Person of Interest? Es de producción norteamericana, creada para la CBS y emitida en nuestro país por laSexta, con el título Vigilados. Es una serie de acción, realmente entretenida, cuyo hilo conductor gira en torno a una máquina que espía día y noche a toda la población en busca de posibles amenazas terroristas. Realmente inquietante, ¿no creen?

Como habrán adivinado, la serie me gusta. Sus creadores, de hecho, recrean de forma tan brillante como impersonal la forma en que la máquina reconoce y clasifica a los ciudadanos (pueden hacerse una idea viendo este vídeo). Lo que quizás les resulte difícil de creer es que una tecnología muy similar a esta ya existe, y que empresas como grandes superficies o centros comerciales la están desarrollando con mimo para lograr clasificar a sus clientes… y optimizar sus ventas.

Mi primer contacto con este tipo de tecnologías se produjo allá por 2009. Tuve la suerte de participar en una demostración realizada por una empresa española, que trabajaba en el desarrollo de un método para medir las audiencias del digital signage. Y les aseguro que aluciné: la máquina reconocía los rostros, detectaba la edad aproximada y el sexo, y captaba si las reacciones de los potenciales clientes eran positivas o negativas. Era capaz, incluso, de sustituir los anuncios mostrados por otros, en función de criterios tales como si la audiencia era mayoritariamente masculina o feminina. Un alarde de análisis facial que te hacía sentir, casi casi, como un figurante de Minority Report.

Leía el pasado viernes en El País que una empresa italiana está comercializando unos maniquíes con cámaras en los ojos, que estudian a la clientela que desfila ante ellos para analizar sus reacciones y detectar sus gustos. ¿La idea? Cazar tendencias, medir reacciones… en definitiva, mejorar el negocio a costa de la información facilitada, de forma inconsciente, por sus ingenuos clientes. Y ahorrarse un dineral en estudios de mercado. Ingenioso, ¿no creen?

El problema de este tipo de dispositivos es que juegan en el límite de los derechos fundamentales. Captar la imagen de una persona para, a partir de ella, extraer información y lucrarse económicamente, chirría a todo aquél que se preocupe por su privacidad. Y a mí el primero.

En su defensa, las empresas que desarrollan este tipo de sistemas alegan que los dispositivos son blackboxes: captan las imágenes, extraen los datos que necesitan y destruyen las grabaciones prácticamente al instante. “Sólo generan datos estadísticos”, se defienden. Algo que, de ser así, conllevaría que no se aplicase la Ley Orgánica de Protección de Datos.

No es mi intención, en este momento, aburrirles con disquisiciones acerca de la aplicación o no de la citada ley a este tipo de tecnologías. Pretendo, simplemente, poner sobre la mesa un nuevo escenario en el que el marco normativo se antoja obsoleto ante el fulgurante avance de la técnica. Créanme si les digo que, de entrada, veo con buenos ojos todo ingenio que permita mejorar las ventas. Máxime, en estos tiempos inciertos que nos ha tocado en suerte vivir. Pero me preocupan los derroteros por los que transitan ciertas empresas, que parecen más preocupadas por espiarnos que por desarrollar productos eficientes y de calidad.

Llámenme idealista, pero creo que ha llegado el momento de replantearse el equilibrio entre el marketing basado en el comportamiento y nuestra privacidad. Y, en este sentido, espero que el sector sea capaz de autorregularse y de actuar con prudencia. Principalmente, viendo el empeño del legislador en trasquilar las barbas de sus colegas del mundo online.

Una ley injusta, unas tasas prohibitivas

Mañana se vota en el Pleno del Senado el “Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses”. La llamada “Ley de Tasas Judiciales”, por la que los ciudadanos deberán abonar cuantiosas sumas para ejercer su derecho de acudir a los tribunales, ha logrado unir a jueces, fiscales y abogados en un clamor unánime, por injusta, desproporcionada… y probablemente anticonstitucional.

Mañana, si nada lo remedia, el texto de la Ley será aprobado por el pleno de la Cámara Alta. Estaremos más cerca, pues, de tener que pagar un mínimo de 350€ por un procedimiento ordinario, por poner un ejemplo. Un atropello contra la ciudadanía que no podemos sino denunciar, y al que nos oponemos firmemente. Es por ello que este despacho se solidariza con los compañeros que, en toda España, continúan protestando contra este proyecto injusto, y apoya el comunicado que la asociación de cabecera de los abogados tecnológicos, Enatic, ha emitido al respecto.

Creemos firmemente que deben adoptarse medidas urgentes para desbloquear la Administración de Justicia, e incluso para reducir sus costes. Pero este, salta a la vista, no es el camino.

Actualización (16.11.2012)

Para más información, les recomendamos este artículo, publicado en Contencioso.es: Tasas judiciales, un asesino silencioso.

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