El Margen de la Ley :: El Blog de Audens
Audens >
Blog

El peligroso juego del escondite

Una pequeña tienda de Llanes, Asturias (por buscar un emplazamiento precioso como suculento ejemplo para esta historia), en la que se venden quesos. Esta tienda recibe, un día, una comunicación de apertura de expediente sancionador por irregularidades e incumplimientos en su página web. Hasta aquí, es una historia que nos puede parecer normal, pero… el remitente de la comunicación, y del expediente (es decir, quién al final puede sancionar con una multa) es… ¡un órgano de otra Comunidad Autónoma! (Andaluza, Vasca, Castellana, Madrileña… elijan la que quieran).

La pregunta típica ante esto suele ser ¿pero cómo me va a iniciar un expediente sancionador la Comunidad Andaluza si yo soy una tiendecita que únicamente vende quesos en Llanes? Pues es posible porque nuestra pequeña tiendecita resulta tener una web en la que ofrece comprar sus quesos por Internet.

Como sabemos, cualquier negocio online realizado por prestadores establecidos en España ha de cumplir determinadas normas y requisitos mínimos, acorde a la legislación vigente (especialmente en lo que respecta a la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información, o LSSI).

Desde diciembre de 2007, la reforma de la LSSI, (la que fue denominada Ley de impulso a las sociedades de la información) nos ha llevado de un escenario en el que la potestad sancionadora por incumplimientos o cumplimientos defectuosos correspondía a la Administración General del Estado, a otro en el que también cualquier Comunidad Autónoma puede arrogarse tal potestad.

Aunque en ninguna ocasión se haya llegado a vender fuera de Llanes, la legislación de defensa a consumidores y usuarios otorga potestad sancionadora al órgano correspondiente de consumo de las Comunidades Autónomas donde se realiza la venta… y se entiende (vía LSSI) que la venta se realiza en el lugar de residencia del comprador. Ergo…

Para no ser excesivamente técnico, ¿qué significa esto? Pues que, independientemente de que una tienda online venda efectivamente sus servicios o productos en una o varias comunidades autónomas, cualquiera de ellas (además de la Administración Central) puede incoar un expediente sancionador en caso de que detecte cualquier irregularidad.

Últimamente (aunque, como decimos, esto es así desde 2007) parece haber saltado una alarma de “afán recaudatorio de las administraciones”. Se oyen cosas como que “han encontrado un filón en el pequeño empresario”, o que “esto va a ser una pelea entre las comunidades autónomas a ver quién sanciona más al de al lado”, etc. etc.

Si bien todos esos argumentos pueden tener un trasfondo de verdad (en el que no vamos a entrar), la cruda realidad es que el escenario no ha cambiado tanto.

Puede parecernos más o menos oportuna esta expansión de la potestad sancionadora, pero también es cierto que durante mucho, mucho tiempo, se ha venido haciendo la vista gorda a un incumplimiento bastante generalizado en el mundo online: información no suministrada, incumplimientos en materia de devoluciones, imposibilidad de identificación del titular de la web, envío de comunicaciones comerciales no deseadas (spam), condiciones de contratación abusivas…

Hasta ahora, esta dejadez en la exigencia de tales obligaciones se venía entendiendo como normal, pero, obviamente, cuando el hambre aprieta en forma de recortes, este “filón” de posibles sancionables, antes o después, no va a dejarse pasar. Seamos sinceros: las obligaciones son las mismas que antes. Y por más que ahora existan más órganos con potestad sancionadora, no pueden sancionarnos dos veces por el mismo incumplimiento.

El problema viene cuando el empresario, por mero desconocimiento, o aconsejado por asesores o amigos del trapicheo, juega al escondite con la Administración.

Cierto es que anteriormente este “falso juego del escondite” podía parecer ventajoso para algunos. Ante las decenas de miles de jugadores escondiéndose, únicamente unos pocos ojos buscaban. Es decir, la Administración se demostraba incapaz de encontrar y sancionar a todos los que incumplían las normas.

Pero, ¿qué pasa si de pronto metemos a más jugadores del lado de la Administración? ¿Que ocurre si juegan 17 más? ¿Y si, además, los fondos de estos 17 se ven muy reducidos por la crisis y tienen un fuerte estímulo para encontrar a los escondidos? Pues que los buscadores se motivan, las tornas del juego cambian y, ahora, a algunos no les apetece tanto jugar… porque el riesgo de que les pillen se ha multiplicado.

Esconderse para que nos pillen no ha sido nunca una buena idea: primero, porque como decimos nos pueden pillar (ahora más que antes), y segundo, porque si estás escondido para unos también lo estás para otros. Y normalmente tu negocio depende de que estos otros (los clientes) te vean y conozcan. ¿Cómo llegar a ellos si permaneces entre las sombras para evitar multas? Hablo por mí, pero recuerdo que cuando me tocaba jugar al escondite de pequeño me aburría como una ostra escondiéndome… lo único divertido era correr para salvar a tus compañeros, y eso, con la Administración, no vale.

A nadie le extraña que tengamos que solicitar licencias de apertura para la tienda de quesos, ni que se deban cumplir una medidas de higiene, dar de alta al dueño de la tienda en autónomos, cumplir horarios de apertura… Pero parece que, al pasar al mundo virtual, vemos las cosas de forma diferente.

Pues, miren, en este caso no. Es exactamente lo mismo. Nuestro querido empresario únicamente tiene que hacer lo mismo que tenía que hacer antes, cumplir. Y, de este modo, y dará igual cuantos ojos estén buscando a los escondidos, a los que incumplen, porque ése no será nuestro juego.

Mientras unos se arriesgan, se ocultan y se aburren sin llegar a sus clientes, el empresario que cumple puede dedicarse a brillar, a dejarse ver, a crecer y avanzar.

Y ese, seguro, es un juego mucho más divertido.

Otra lista negra

Client of interest

¿Conocen la serie Person of Interest? Es de producción norteamericana, creada para la CBS y emitida en nuestro país por laSexta, con el título Vigilados. Es una serie de acción, realmente entretenida, cuyo hilo conductor gira en torno a una máquina que espía día y noche a toda la población en busca de posibles amenazas terroristas. Realmente inquietante, ¿no creen?

Como habrán adivinado, la serie me gusta. Sus creadores, de hecho, recrean de forma tan brillante como impersonal la forma en que la máquina reconoce y clasifica a los ciudadanos (pueden hacerse una idea viendo este vídeo). Lo que quizás les resulte difícil de creer es que una tecnología muy similar a esta ya existe, y que empresas como grandes superficies o centros comerciales la están desarrollando con mimo para lograr clasificar a sus clientes… y optimizar sus ventas.

Mi primer contacto con este tipo de tecnologías se produjo allá por 2009. Tuve la suerte de participar en una demostración realizada por una empresa española, que trabajaba en el desarrollo de un método para medir las audiencias del digital signage. Y les aseguro que aluciné: la máquina reconocía los rostros, detectaba la edad aproximada y el sexo, y captaba si las reacciones de los potenciales clientes eran positivas o negativas. Era capaz, incluso, de sustituir los anuncios mostrados por otros, en función de criterios tales como si la audiencia era mayoritariamente masculina o feminina. Un alarde de análisis facial que te hacía sentir, casi casi, como un figurante de Minority Report.

Leía el pasado viernes en El País que una empresa italiana está comercializando unos maniquíes con cámaras en los ojos, que estudian a la clientela que desfila ante ellos para analizar sus reacciones y detectar sus gustos. ¿La idea? Cazar tendencias, medir reacciones… en definitiva, mejorar el negocio a costa de la información facilitada, de forma inconsciente, por sus ingenuos clientes. Y ahorrarse un dineral en estudios de mercado. Ingenioso, ¿no creen?

El problema de este tipo de dispositivos es que juegan en el límite de los derechos fundamentales. Captar la imagen de una persona para, a partir de ella, extraer información y lucrarse económicamente, chirría a todo aquél que se preocupe por su privacidad. Y a mí el primero.

En su defensa, las empresas que desarrollan este tipo de sistemas alegan que los dispositivos son blackboxes: captan las imágenes, extraen los datos que necesitan y destruyen las grabaciones prácticamente al instante. “Sólo generan datos estadísticos”, se defienden. Algo que, de ser así, conllevaría que no se aplicase la Ley Orgánica de Protección de Datos.

No es mi intención, en este momento, aburrirles con disquisiciones acerca de la aplicación o no de la citada ley a este tipo de tecnologías. Pretendo, simplemente, poner sobre la mesa un nuevo escenario en el que el marco normativo se antoja obsoleto ante el fulgurante avance de la técnica. Créanme si les digo que, de entrada, veo con buenos ojos todo ingenio que permita mejorar las ventas. Máxime, en estos tiempos inciertos que nos ha tocado en suerte vivir. Pero me preocupan los derroteros por los que transitan ciertas empresas, que parecen más preocupadas por espiarnos que por desarrollar productos eficientes y de calidad.

Llámenme idealista, pero creo que ha llegado el momento de replantearse el equilibrio entre el marketing basado en el comportamiento y nuestra privacidad. Y, en este sentido, espero que el sector sea capaz de autorregularse y de actuar con prudencia. Principalmente, viendo el empeño del legislador en trasquilar las barbas de sus colegas del mundo online.

Una ley injusta, unas tasas prohibitivas

Mañana se vota en el Pleno del Senado el “Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses”. La llamada “Ley de Tasas Judiciales”, por la que los ciudadanos deberán abonar cuantiosas sumas para ejercer su derecho de acudir a los tribunales, ha logrado unir a jueces, fiscales y abogados en un clamor unánime, por injusta, desproporcionada… y probablemente anticonstitucional.

Mañana, si nada lo remedia, el texto de la Ley será aprobado por el pleno de la Cámara Alta. Estaremos más cerca, pues, de tener que pagar un mínimo de 350€ por un procedimiento ordinario, por poner un ejemplo. Un atropello contra la ciudadanía que no podemos sino denunciar, y al que nos oponemos firmemente. Es por ello que este despacho se solidariza con los compañeros que, en toda España, continúan protestando contra este proyecto injusto, y apoya el comunicado que la asociación de cabecera de los abogados tecnológicos, Enatic, ha emitido al respecto.

Creemos firmemente que deben adoptarse medidas urgentes para desbloquear la Administración de Justicia, e incluso para reducir sus costes. Pero este, salta a la vista, no es el camino.

Actualización (16.11.2012)

Para más información, les recomendamos este artículo, publicado en Contencioso.es: Tasas judiciales, un asesino silencioso.

Héroes y villanos

El anonimato ha sido y siempre será la piedra angular de dos géneros literarios distintos: las novelas de espías y los comics de súper héroes. ¿Cómo leeríamos a John le Carré si se identificara al topo en la primera página? ¿Qué sería de Clark Kent sin su corbata y sus gafas? El anonimato es fundamental en la ficción… pero, en la vida real, a veces no es tan recomendable.

En mi anterior entrada en el blog, mencionaba la nueva reforma del Código Penal que el Gobierno está impulsando desde hace semanas. Al margen de si, en términos generales, “encaja” o no en la Constitución, tal y como expresaba recientemente la portavoz del Consejo General del Poder Judicial al respecto de la prisión permanente y la custodia de seguridad, me quiero detener en dos nuevos tipos propuestos por el Ministro de Justicia: el acecho u hostigamiento y la divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas.

Desde luego, ya tocaba abordar estos temas de una forma más directa para tratar de atajar una realidad creciente que, créanme, en ocasiones asusta. Lo que no sé es si ésta es la vía adecuada. Ya saben, la reforma del Código Penal debe ser el último recurso.

Siempre he pensado que penar conductas porque sí no es la solución, y que el énfasis se ha de poner en la concienciación y en la educación. Pero el problema es que, con el éxito de Internet, muchas cosas se nos han ido de las manos. Y es que Internet y sus aplicaciones no son sólo una gran herramienta de comunicación, sino también un gran antifaz, en un medio para cometer tropelías, en un campo de batalla donde no se lucha a cara y pecho descubierto, sino como sombras y fantasmas que acechan y asustan.

El cómo evitar que las fotos que la gente se hace “en pelotas” acaben siendo de dominio público parecería que tiene fácil solución: no grabando ese tipo de imágenes. Muerto el perro muerta la rabia, que dicen. Pero no discutimos aquí el derecho de cada uno de posar como le dé la real gana, sino el de evitar que esas imágenes se divulguen. ¿Cómo se regulará en la modificación del Código Penal la difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas? ¿Habrá un tipo para penar a quien publique, sea quién sea? ¿Y un atenuante (o agravante) de pareja o parentesco? No lo sé, pero estoy impaciente por ver cómo sigue el tema. Eso sí, contamos con un avance sobre qué tiene en mente el legislador: se espera una pena de seis meses a un año de prisión.

El acecho ya es harina de otro costal, pues pueden venir mal dadas de cualquier lado y por cualquier motivo, y no vale escudarse sólo en la concienciación de no grabarse como Dios nos trajo al mundo delante de un espejo o una webcam. Aquí estamos hablando de la integridad física y moral de las personas… también de la de los niños.

El cyberbullying a través de chats o redes sociales a menores, el envío de mensajes de Whatsapp o correos electrónicos intimidando a exparejas… son cosas de las que todos hemos oído hablar, en ocasiones a través de personas directamente afectadas. Y que, muchas veces, dan verdadero miedo. ¿Qué hacer? Cuando la educación y la apelación a la responsabilidad no bastan para salvaguardar la integridad moral de una persona… no queda más remedio (por desgracia) que modificar el Código Penal para perseguir estas conductas, en este caso con penas de hasta dos años de cárcel. Algo que, en principio, puede parecer exagerado. Pero quizás es hora de poner límites a ciertas acciones deplorables que se realizan sistemáticamente aprovechando la facilidad y “anonimato” que ofrece Internet.

Ahora bien, para ambos tipos me preocupa una cosa: ¿como va a casar la persecución de estos delitos (con penas inferiores a los dos años) con la Ley de Conservación de Datos? En otras palabras… ¿cómo se va saber quién es el delincuente para asuntos que no sean graves? Todo un dilema, no apto para legos en derecho, ¿no les parece?

En el ámbito literario, el anonimato ha sido utilizado de forma genial. Tirso de Molina, Voltaire, o el mismo John le Carré, que citaba al principio, insignes autores conocidos por su pseudónimo. O Bruce Wayne, Clark Kent, Peter Parker… personajes creados en el cómic, que usan su anonimato para hacer el bien, y no al contrario. Lograr que en Internet suceda lo mismo es un reto en el que todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Y, probablemente, un esfuerzo de concienciación que ponga freno a este tipo de actos será la mejor receta.

Página 13 de 24« Primera...10...121314...20...Última »