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No me busquen, no me encontrarán

No me busquen, no me encontrarán

La privacidad es el derecho a proteger nuestro ámbito de vida privada de cualquier intromisión externa. ¿Así de sencillo hoy día? Yo entiendo que no. Las intromisiones en la vida personal son muchas y variadas, favorecidas por los medios técnicos de que disponemos, tanto de recolección de información como de difusión de la misma.

Sin embargo, lo anterior no es óbice para que podamos proteger nuestra intimidad, nuestros datos personales, la información que se maneja de nosotros en la Red. Existen los mecanismos para ello. El derecho de oposición, para que podamos oponernos a que nuestros datos sean utilizados para determinados fines concretos; o el derecho de cancelación que nos permite solicitar al responsable del tratamiento de datos que suprima nuestra información; son dos de las herramientas principales para ejercer un control sobre la información personal que otros tienen de nosotros.

El planteamiento anterior, por supuesto no es absoluto. Como no podía ser de otra forma, existen excepciones a esa supresión de nuestra información de ficheros y soportes: por ejemplo cuando una ley habilita la existencia de un tratamiento (pensemos en el BOE), o cuando media un derecho fundamental como el de libertad de información, como en el caso de un periódico. En estos casos nuestra información personal, aunque tratemos de eliminarla, probablemente se quedará donde está. Es más, si esos medios están en Internet, no se podría obligar al responsable a eliminar los datos de su página web.

La cosa se complica con la existencia de los buscadores de Internet, que enlazan y ordenan todas las páginas conocidas, incluidas aquellas que tienen nuestros datos personales. Así, pasamos de la existencia de una sóla fuente en la que podríamos encontrar determinada información, a una herramienta potentísima capaz de encontrar esa información de forma rápida, sencilla y gratuita.

Esto ha llevado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a enfrentarse judicialmente a Google en la Audiencia Nacional. La AEPD entiende que cuando no se puedan eliminar ciertos datos por existir una colisión entre la LOPD y otro derecho, y cuando se den unos suficientes motivos fundados y legítimos, el buscador deberá desindexar las páginas de su motor de búsqueda. Otra manifestación del derecho al olvido, del que ya hemos tratado en alguna ocasión.

Desde el punto de vista de Google, el planteamiento dista mucho de lo que entiende la AEPD. Para empezar, niega que ni la Agencia ni los tribunales españoles sean competentes para conocer de este asunto, y mucho menos para sancionarles por no desindexar las páginas según las exigencias de la AEPD. Además, argumenta que deben ser los responsables de las páginas web que el buscador enlaza los que deben borrar los datos personales en caso de ejercicios de derechos, y no ellos.

De momento la Audiencia Nacional se ha quedado sin habla. Y para no meter la pata en una cuestión que sin duda será muy importante de cara a los demás buscadores, ha decidido solicitar ayuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que aclare algunas cuestiones.

En este sentido, el Tribunal de Luxemburgo deberá dilucidar si la ley española es aplicable a empresas extranjeras que, a través de la Red, prestan servicios en España, pero que se someten a las leyes de sus países. De la respuesta de los tribunales europeos y españoles podría salir una nueva pregunta: ¿es necesario cambiar la ley?

Por último, insisto e insistiré en que sí parece necesario que el derecho al olvido arraigue de una vez en nuestras conciencias para que seamos capaces de buscar un espacio de privacidad personal, y también en el derecho y las leyes, para que nos permita ejercerlo con garantías y resultados.Por eso, el derecho al olvido no pasa sólo porque Google deba cumplir con las tutelas de la AEPD, sino que además se debería poder obligar a que sean las páginas de origen donde se muestran los datos personales las que evitasen que los buscadores indexaran esos contenidos. Aunque, en ocasiones, parezca política o jurídicamente complicado.

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